El incidente ocurrido recientemente en Villa Altagracia, donde una pareja de esposos cristianos fue salvajemente acribillada por una patrulla de la Policía Nacional, es un llamado de alerta al presidente de la república Luis Abinader. Este nuevo gobierno se ha encontrado de golpe con graves falencias que silenciosamente se han gestado durante décadas en las instituciones estatales de la República Dominicana.
Es preocupante ver como después de este horrendo hecho la Policía Nacional esté defendiéndose con garras y dientes contra una demoledora campaña manejada desde las redes sociales y medios de comunicación.
El primer mandatario de la nación debe entender que la policía no puede seguir siendo una maquinaria de desasosiego y desconfianza ciudadana.
Esta institución fue fundada en el año 1936 en una era donde importaba la mano dura y la voluntad omnímoda del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Confeccionada a su antojo para la persecución, caliesaje y contrainsurgencia en momentos donde el régimen necesitaba más miedo que orden para lograr sus objetivos de apaciguar a la población.
En la actualidad aún no se ha podido generar un verdadero clima transicional que nos acerque más al grado real de respeto y consideración de la policía hacia la ciudadanía y viceversa. Aún en su seno hay agentes ejecutando acciones nefastas, pequeños “trujillitos” poco entendidos en lo mucho que ha cambiado la sociedad dominicana en los últimos 85 años.
Vivimos en una sociedad transformada, donde los derechos del ciudadano han evolucionado, y al parecer muchos miembros de esta institución aún no se han enterado del acontecimiento.
Hoy día este cuerpo de seguridad compuesta aproximadamente por 37,000 efectivos debe manejar actitudes diferentes, procedimientos más científicos y decentes para dar mejor trato a la ciudadanía.
No basta con poner en retiro a agentes , e insertar nuevos elementos, esto es un asunto de institucionalidad, reestructuración real y control absoluto sobre las prácticas aprendidas por la manada durante décadas.
Parte de los principios fundamentales que deben normar su actuación como institución de orden público está en “respetar y proteger la vida y la dignidad de las personas, lo que implica mantener y defender los derechos humanos, sin discriminación alguna, por lo que ningún miembro de la Policía Nacional podrá ordenar, infligir, instigar o tolerar actos de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como los estados de excepción o cualquier otra circunstancia, como justificación para sus actuaciones”.
Lo citado anteriormente, es un mandato expreso de su ley orgánica que establece esta institución debe mantener el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica, ¿entonces dónde es que cabe la idea de que para garantizar este orden y convivencia hay que dar muerte a un ciudadano?
Esta institución llamada a garantizar el orden público no puede seguir llevando el luto a los hogares de la gente buena de este país. No puede seguir arrogándose el derecho de elegir quien vive y muere sin una consecuencia. Debe asumir su rol de preservar la vida, integridad física y moral según lo establecen las leyes y la Constitución de la República.
Lo último que hemos visto durante esta andanada contra la institución del orden es una imagen donde incluso se presentan los muertos por gestión que tienen cada "jefe policial”, contabilizando más de 1,700. Hemos vistos bochornosos episodios gravados con los celulares de ciudadanos abusados, vilipendiados e ignorados en sus derechos. ¿Acaso hay forma de obviar estas situaciones que han acontecido en todo el territorio nacional? Estas vergonzosas situaciones no pueden seguir siendo algo normal en nuestra querida Quisqueya.
Decenas de agentes uniformados han salido a defender por las redes, de manera legítima, su integridad, porque realmente es injusto introducirlos a todos en el mismo saco, pero el asunto va más allá de posiciones personales, va más allá de determinar si hay buenos o malos policías, el asunto es de institucionalidad y apego a las normativas de los nuevos tiempos, donde las personas tengan derecho a hablar, circular, exigir, preguntar libremente, todo ello sin temor alguno. Sin que les confundan y les maten.
Achacar estos males y falencias a un gobierno recién establecido es una inconsecuencia y una falta de tacto de parte de algunos sectores políticos que en esta coyuntura quieren sacar capital. Lo ocurrido en la pasada semana, es más que una advertencia que le enrostra al presidente Abinader una gran realidad: que no debe descuidarse con la institución del orden público.
Si pasado cuatro años de gobierno, los sectores comprometidos con las prácticas sanas de la democracia y ciudadanía observan inacción por parte del presidente de la república, no le perdonaran tal omisión. Luis Abinader no puede echarse encima ese muerto tan pesado, no puede ser compromisario de este desastre histórico. Es ahora o nunca señor presidente, es tiempo de actuar, remenear la mata y dejar su impronta de cambio institucional impresa en los destinos nacionales.
Su país se lo agradecerá.
